Derecho

Derechos constitucionales de los pueblos indígenas

Los derechos de los pueblos indígenas están consignados en un capítulo especifico de la Carta de 1988 (título VIII, “De la Orden Social”, capítulo VIII,  “De los Indios”), además de otras disposiciones dispersas en todo el texto constitucional y un artículo en los dispositivos transitorios.

Se trata de derechos marcados por lo menos por dos innovaciones conceptuales importantes con relación a constituciones anteriores e al llamado Estatuto del Indio. La primera innovación es el abandono de una perspectiva asimilacionista, que comprendía a los indígenas como una categoría social transitoria, condenada al desaparecimiento. La segunda es que los derechos de los indígenas sobre sus tierras son definidos como derechos originarios, lo que significa que son considerados como anteriores a la creación del propio Estado. Lo que deriva del reconocimiento del hecho histórico de que los indígenas fueron los primeros ocupantes de Brasil.

La nueva Constitución establece, de esta forma, nuevos marcos para las relaciones entre el Estado, la sociedad brasileña y los pueblos indígenas. 

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Derecho a la diferencia

Con las nuevas disposiciones constitucionales, se asegura a los pueblos indígenas el respeto a su organización social, costumbres, idiomas, creencias y tradiciones. Por la primera vez, se reconoce a los indígenas en Brasil el derecho a la diferencia, es decir, el derecho a ser indígenas y permanecer como tal indefinidamente. Es lo que señala el encabezado del artículo 231 de la Constitución:

Son reconocidos a los indígenas su organización social, costumbres, idiomas, creencias y tradiciones, y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, compitiéndole a la Unión demarcarlas, protegerlas y hacer respetar todos sus bienes."

Debe notarse que el derecho a la diferencia no implica menos derechos ni privilegios. Por esto, la Carta de 88 garantizó a los pueblos indígenas la utilización de sus idiomas y procesos propios de aprendizaje en la enseñanza básica (artículo 210 § 2º), inaugurando así un nuevo momento para las acciones relativas a la educación escolar indígena.

Adicionalmente, la Constitución permitió que los indígenas, sus comunidades y organizaciones, como cualquier persona física o jurídica en Brasil, tengan legitimidad para ingresar en juicio para la defensa de sus derechos e intereses.

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Derecho a la tierra

La nueva Constitución innovó en todos los sentidos, estableciendo, sobre todo, que los derechos de los indígenas sobre las tierras que tradicionalmente ocupan son de naturaleza originaria. Esto significa que son anteriores a la formación del propio Estado, existiendo independientemente de cualquier reconocimiento oficial.

El texto vigente eleva también a la categoría constitucional el propio concepto  de tierras indígenas, que así se define en el parágrafo 1º del artículo 231:

Son tierras tradicionalmente ocupadas por los indígenas aquellas por ellos abitadas en carácter permanente, las utilizadas para sus actividades productivas, las imprescindibles a la preservación de los recursos ambientales necesarios a su bienestar y las necesarias a su reproducción física y cultural, según sus usos, costumbres y tradiciones”

Por tanto son determinados elementos que definen una tierra como indígena. Presentes esos elementos, a ser definidos conforme los usos, costumbres y tradiciones indígenas, el derecho a la tierra por parte de la sociedad que la ocupa existe y se legitima independientemente de cualquier acto constitutivo. En ese sentido, la demarcación de una tierra indígena, fruto del reconocimiento hecho  por el Estado, es acto meramente declaratorio, cuyo objetivo es simplemente precisar la real extensión de la pose para garantizar la plena eficacia del dispositivo constitucional. La obligación de proteger las tierras indígenas es de la Unión.

Lo que se refiere a las Tierras Indígenas, la Constitución de 88 también establece que:

  • Se incluyen entre los bienes de la Unión (art. 20, XI);
  • Son destinadas a la pose permanente por parte de los indígenas  (art. 231, § 2);
  • Son nulos y están extinguidos todos los actos jurídicos que afecten esa pose, excepto relevante interés público de la Unión (art. 231, § 6);
  • Solamente los indígenas pueden usufructuar las riquezas del  suelo, de los ríos y de los lagos en ellas existentes (art. 231, § 2);
  • El aprovechamiento de los recursos hídricos, entre ellos incluidos los potenciales energéticos, la exploración y explotación minerales, sólo podrán ser materializados con la autorización del Congreso Nacional, escuchadas las comunidades afectadas, garantizándoles la participación en los resultados de la exploración (art. 231, § 3, art. 49, XVI);
  • Es necesaria ley ordinaria que establezca las condiciones específicas para explotación mineral y de recursos hídricos en las Tierras Indígenas (art. 176, § 1);
  • Está vetado remover los indígenas de sus tierras, salvo casos excepcionales y temporarios (art. 231, § 5).

Otras disposiciones

Disgregadas por el texto constitucional, otras disposiciones hacen referencia a los pueblos indígenas:

  • La responsabilidad de defender jurídicamente los derechos de los pueblos indígenas hace parte de las competencias correspondientes al Ministerio Público Federal (art. 129, V)

  • Legislar sobre poblaciones indígenas es tema de competencia exclusiva de la Unión (art.22.XIV)

  • Procesar y juzgar la disputa sobre derechos indígenas es competencia de los jueces federales (art.109. XI)

  • El Estado debe proteger las manifestaciones de las culturas populares, incluyendo las indígenas (art. 215, § 1)

  • Respeto al uso de sus idiomas maternos y procesos propios de aprendizaje. (art. 210, § 2)