Organizaciones en la Amazonía

En el contexto amazónico, las asociaciones indígenas están constituyéndose como actores centrales en el desarrollo sustentable de la región. El antropólogo Bruce Albert, investigador del Convenio ISA-CNPq-IRD, desarrolla el tema.

Entre la nueva Constitución y el “mercado de proyectos”

Se constata en la amazonía, a partir del final de los años 1980, un proceso extremamente dinámico de creación y de registro de asociaciones indígenas en la forma de OSC (“organizaciones de la sociedad civil”). Para establecer una idea de la escala del fenómeno, basta decir que existían apenas diez de estas asociaciones antes de 1988 (Alto y Médio Solimões, Manaus, Alto Rio Negro, Roraima) y hacia el final de 2000 ya se verificaban más de 180 asociaciones en los seis estados de la Región Norte: Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre y Amapá (probablemente más de 300 en la Amazonía Legal), o sea, se multiplicaron casi por veinte en poco más de una década (ver cuadro de organizaciones) 1. Esas asociaciones presentan características diversas. La mayoría es local (grupo de comunidades, cuenca de un río), representantes de un pueblo o regionales. Varias están constituidas en referencia a las actividades profesionales o económicas (profesores, agentes de salud, productores, cooperativas). Existe también una importante red de asociaciones de mujeres, así como diversas asociaciones de estudiantes indígenas. Aunque pocas tengan una propia infraestructura, la gran mayoría de ellas está registrada en escribanías o están en proceso de legalización, desempeñando regularmente funciones políticas de articulación interna y de representación interétnica.

Una porción creciente y considerable de esas organizaciones indígenas poseen en la actualidad acceso a fuentes de recursos externos bajo la forma de “proyectos” de desarrollo local destinados a fines diversos: gestión territorial, mantenimiento institucional, organización de asambleas y de encuentros, programas de salud y de educación iniciativas relativas a la autosustentabilidad y a la comercialización, la divulgación y reafirmación cultural, entre otras. En este contexto, hoy es cada vez más difícil distinguir entre las asociaciones “con” y “sin” proyectos. La diferencia se ubica entre las asociaciones que tienen acceso a fuentes de financiamiento diversificadas, amplias y regulares (asociaciones regionales, generalmente urbanas) y las asociaciones que cuentan simplemente con algunos financiamientos reducidos y puntuales (asociaciones locales, rurales, etc.).

El proceso de multiplicación de las asociaciones indígenas en la amazonía tiene su origen en la encrucijada de varios procesos sociopolíticos generales, interactuando en un ámbito nacional e internacional. En el plano interno, se debe resaltar, primero, la promulgación de la Constitución de 1988, cuyo artículo 232 le abrió la posibilidad a dichas asociaciones en el sentido de poder constituirse como personas jurídicas. El segundo factor importante, siempre en el ámbito nacional, fue el proceso de retracción del Estado en cuanto a la gestión directa de la “cuestión indígena” en el país (restringiéndose básicamente a la responsabilidad en materia territorial) 2 y al vaciamiento político y presupuestario de la administración indigenista tutelar, creada hacía tres décadas por el régimen militar en el ámbito de sus políticas de desarrollo amazónico.

En el plano externo, el primer factor fue, ciertamente, la globalización de los asuntos relativos al medio ambiente y a los derechos de las minorías a lo largo de los años 1970 y 1980, así como la creciente colaboración entre las ONG’s ambientalistas y sociales a favor de proyectos que integrasen objetivos de conservación y preocupación por el desarrollo comunitario, fenómenos que tuvieron su ritual de consagración en la ECO 98 realizada en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil. En segundo lugar, también fue decisiva la descentralización en cuanto a la cooperación internacional, hoy igualmente reorientada hacia los interlocutores de la sociedad civil organizada, para el desarrollo sustentable y el incentivo a la implementación de micro proyectos locales.

El reciente boom de las asociaciones indígenas tiene entonces, como condiciones fundamentales de posibilidad, por un lado, el encuadre jurídico progresista de la nueva Constitución y, por el otro, un “mercado de proyectos” abierto por la cooperación bi y multilateral y por las ONG’s internacionales, seguidas por las crecientes inversiones públicas nacionales en el sector de los OSC (Ministerios del Medio Ambiente, Salud y Educación).

De la etnicidad política a la etnicidad de resultados?

Esta combinación de tendencias y dinámicas produjo no solamente un crecimiento acelerado del número de asociaciones indígenas en la amazonía sino también una considerable mutación cualitativa del papel del “movimiento indígena” en el debate/embate político a propósito del modelo de desarrollo de la región.

De hecho, las primeras y escasas organizaciones indígenas creadas en los años 1980 eran asociaciones informales, políticamente activas aunque poco institucionalizadas y orientadas, esencialmente, hacia reivindicaciones territoriales y asistenciales dirigidas hacia un Estado tutor, considerado inoperante en sus responsabilidades legales y sociales.

A partir de los años 1990, ya están presentes en la amazonía asociaciones legalizadas, con estatuto, CGC (alude a la posibilidad de registro de la asociación como Persona Jurídica en términos contables) y cuenta bancaria, asumiendo –cada vez más- las funciones que el Estado dejó de desempeñar en forma directa, remitiendo –en gran proporción- su ejecución y financiamiento a, por un lado, la esfera local pública o no gubernamental (Municipios, Estados) especialmente en materia de educación o salud (2) y, por el otro, a la red globalizada de agencias de cooperación bi y multicultural y de las ONG’s internacionales (en el dominio de los proyectos de delimitación territorial, de autosustentabilidad económica o de protección ambiental)(4).

Pasamos de esta manera, de un movimiento conflictivo de organizaciones y movilizaciones etnopolíticas informales (años 1970 y 1980), que tenían por interlocutor al Estado, hacia una institucionalización de una constelación de organizaciones en donde las funciones de servicios, tanto económicos como sociales, son cada vez más importantes y cuyos interlocutores pertenecen a la red de las agencias financiadoras nacionales e internacionales, sean ellas gubernamentales o no gubernamentales (años 1990 a 2000).

Paralelamente, se asiste al cambio de una dinámica de construcción identitaria sustentada por un conjunto de liderazgos indígenas carismáticos  (con discursos político-simbólicos neo tradicionales de un gran impacto en los medios) hacia una fase de cierta rutinización del discurso étnico (en los moldes de la retórica del desarrollo “etno sustentable” heredado de las agencias financiadoras)  apoyado en nuevo conjunto de cuadros jóvenes de las organizaciones indígenas formados cada vez más en la administración de las asociaciones y de la gestión de grandes proyectos.

Pasamos, progresivamente y durante el cambio de las décadas de 1980 a 1990, de una forma de etnicidad estrictamente política, sustentada en reivindicaciones territoriales y legales (aplicación del Estatuto del Indio), hacia lo que se podría denominar una etnicidad de resultados en la cual la afirmación identitaria de volvió el telón de fondo para la búsqueda del acceso al mercado y, especialmente, al “mercado de proyectos”, internacionales y nacionales, abierto por las nuevas políticas descentralizadas de desarrollo (local/sustentable).

De esta manera, y en este contexto de retracción progresiva del Estado en la escena indigenista, más allá de las funciones tradicionales de articulación y de representación política (cuya intensidad tiende a disminuir con la resolución de los problemas territoriales pendientes), estas organizaciones desempeñan en la actualidad, y cada vez más, funciones asistenciales administrando proyectos de demarcación y vigilancia territorial, proyectos sanitarios, educativos, culturales y sociales (como la gestión de jubilados indígenas de la APITU -Associação dos Povos Indígenas de Tumucumaque o Asociación de los Pueblos Indígenas de Tumucumaque- en el estado de Amapá), así como diversos tipos de proyectos económicos y comerciales (proyectos agroforestales y agropecuarios, proyectos de piscicultura, artesanías, productos forestales, entre otros).

Practicando una dialéctica sutil entre la acción de protesta (en la defensa genérica o específica de los derechos indígenas) y la búsqueda de participación, estas asociaciones son en la actualidad cada vez más reconocidas como actores en el desarrollo socioambiental regional en los forums oficiales en donde negocian en forma directa en función de sus propias estrategias, tanto con las administraciones públicas como con las agencias de cooperación, las ONG’s o las empresas (negociadoras de productos “verdes” o proveedoras de indemnizaciones).

En función de esa creciente legitimación, las asociaciones desarrollan sus proyectos a partir de un conjunto bastante diversificado de financiamientos nacionales e internacionales. Del lado de los internacionales, se presentan los fondos de cooperación multilateral (Banco Mundial, Comunidad Europea) 5 y de cooperación bilateral (en donde predominan los países del norte de Europa) así como los fondos de varias ONG’s laicas o ligadas a redes de financiamiento religioso (ONG’s que, en forma frecuente también intermedian financiamientos en términos de cooperación). En ciertos casos las financiaciones pueden provenir de proyectos apoyados por empresas “tradicionales” interesadas en productos con alto valor etnoecológico agregado –como BodyShop (Inglaterra), Aveda (Estados Unidos de América), o Hermès (Francia)-, o inclusive ser sustituidos por asociaciones comerciales privilegiadas ligando a empresas “militantes” del circuito del “comercio equitativo” –como las empresas importadoras Guaraná Satéré-Mawé en Europa, Guayapi Tropical en Francia específicamente o la Cooperativa Terzo Mondo en Italia.

Del lado nacional, se presentan los fondos originados en los convenios firmados con diferentes administraciones municipales, estatales o federales en el campo de la educación, la salud y el medio ambiente o, algunas veces, de indemnizaciones de grandes empresas estatales o privatizadas como la Vale do Rio Doce o la Eletronorte. Existen, finalmente, algunos financiamientos disponibilizados por las ONG’s nacionales aunque, en muchas oportunidades, provengan en realidad de ONG’s o agencias de cooperación internacionales y simplemente sean traspasados hacia organizaciones indígenas.

Demarcación de tierras y gestión de los recursos naturales

La evolución del proceso de territorialización de los grupos indígenas, iniciado en el contexto de los grande proyectos públicos  de desarrollo en la amazonía por parte de los gobiernos militares (a partir del marco jurídico-administrativo del Estatuto del Indio de 1973) puede ser considerado como un factor determinante en la mutación de los parámetros de la cuestión indígena en la región.
El período más intenso de reafirmación identitaria y de movilización etnopolítica del movimiento indígena –su fase de “movimiento social” propiamente dicha- se produjo durante el intenso y sufrido proceso de “diálogo conflictivo” con el Estado a lo largo de las décadas de 1970 y 1980 para la demarcación de las tierras.

Pasados casi tres decenios, esta dinámica, si no está concluida, tiene al menos –y por vez primera- un horizonte en donde se avizora el final de un ciclo. Los 160 pueblos indígenas de la amazonía disponen en la actualidad de un conjunto de 377 tierras reservadas, siendo que el 76% de estas áreas gozan de reconocimiento legal en varios grados (tierras delimitadas, homologadas o registradas). La regularización de las últimas tierras indígenas de la región avanza a pasos agigantados, aunque queden por resolver varios casos importantes (como el de la Terra Raposa Serra do Sol en el estado de Roraima) y aunque la mayoría de las tierras indígenas sufran alguna forma de invasión. Entretanto, para tener una idea del ritmo de este proceso de territorialización indígena, es necesario recordar que, desde enero de 1990 a junio de 2000, fueron homologadas en el país 268 tierras indígenas, cubriendo un área de 728.026,56 km2 (ver datos actuales).

En esta última fase del proceso de territorialización, comenzado en la década de 1970, el movimiento indígena se sitúa en un horizonte de actuación en donde la referencia principal de reivindicación que lo oponía al Estado, y a partir del cual se construía políticamente, está siendo vaciada. Inclusive, si esta confrontación fundacional contra el Estado en torno a la cuestión territorial tiende a disolverse con la disminución de las áreas en litigio, también se reduce en importancia en función del propio abandono del rol del Estado en lo relacionado a la cuestión indígena, que parece limitarse -en la actualidad- a un papel de arbitro indeciso u oportunista entre las movilizaciones no gubernamentales y los intereses locales tanto políticos como económicos.

De hecho, tanto por desinterés político (prioridades macro-económicas) cuanto por el vacío conceptual (ausencia de una reforma en la obsoleta administración indigenista) 6, el Estado parece haber desistido de la planificación de una política indigenista de intervención directa. Limita su intervención, en gran parte, a la consecución de la legalización y desalojo de intrusos de las tierras de la Nación consideradas de uso exclusivo de las poblaciones indígenas 7. Por otro lado, transfiere lo esencial en términos de responsabilidad de los servicios públicos dirigidos a las poblaciones indígenas ya sea hacia la esfera local por la vía de la descentralización  (educación y salud indígenas estatizadas a nivel provincial o a nivel municipal), ya sea hacia la esfera global por la via de la terciarización (por ejemplo, la responsabilidad del apoyo económico a las comunidades indígenas transferido en gran medida hacia las áreas de cooperación internacional).

En este contexto de “pos-territorialidad” y de retracción del Estado, las sociedades indígenas están expuestas en la actualidad –además de las problemáticas tradicionales de protección territorial y conquista de la ciudadanía- a nuevos desafíos que consisten en la conservación de las complejas redes socio políticas externas con el fin de garantizar el acceso a las fuentes de financiamiento de programas sociales, sanitarios y educativos adaptados a su realidad cultural y, sobre todo, a la viabilización, con el apoyo de los mismos canales, de un modelo de gestión económico-ambiental de los recursos naturales de sus tierras.

Para enfrentar estos nuevos desafíos ellos tienen hoy, como interlocutores principales, ya no más un Estado tutelar y clientelar omnipotente sino una red diversificada de administraciones públicas y agencias financiadoras con las cuales deben negociar un abanico de múltiples asociaciones con el fin de garantizar la continuidad de su reproducción social y cultural en un nuevo contexto de permanentes imbricaciones entre los niveles regionales, nacionales e internacionales.

Tierras indígenas y desarrollo sustentable

Algunos estudios concretos ya demostraron la importancia de las áreas indígenas para la preservación del manto forestal amazónico. Las fotos satelitales del INPE (Instituto de Pesquisas Espaciais-Instituto de Investigaciones Espaciales) muestran el Parque do Xingu (estado de Mato Grosso) como un bloque de selva hilado por la deforestación intensiva 8. Mientras tanto, continua presente una cierta resistencia entre los ambientalistas favorables a la preservación integral (tanto gubernamentales como no gubernamentales) que se contrapone a la mirada hacia las tierras indígenas del Amazonas en tanto posibles áreas de preservación ambiental y de uso sustentable de la selva. Tres argumentos contrarios son, generalmente, esgrimidos en este sentido oponiéndose a la idea. Argumentos contrarios que, probablemente, se basan en un cierto desconocimiento de la realidad social y ambiental de las tierras indígenas.

El primer argumento en contra observa que la mayoría de las tierras indígenas ya sufre varias formas de invasión –por extractores de minerales preciosos o garimperos, explotadores de madera, hacendados y colonos, entre otros- y que estas invasiones, ciertamente, se intensificarán en función del desarrollo de las actividades económicas y de los flujos migratorios en las regiones en donde se encuentran las mayores áreas forestales, aún poco impactadas. Esta presión sobre las tierras indígenas y su previsible acentuación descalificaría, así, ese aspecto de la dimensión de conservación ambiental.

Sin embargo, esta situación de amenaza ecológica no es específica de las tierras indígenas. Escasas unidades de conservación en la amazonía son efectivamente implantadas y fiscalizadas (se registra apenas un funcionario del IBAMA -Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis o Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Renovables por cada 2.000 Km2 en las áreas protegidas de la región)9. Muchas tierras son invadidas y sus recursos naturales son explotados de manera indiscriminada. Además, se estima que, aproximadamente, el 50% de las unidades de uso indirecto presentan poblaciones residentes (como en el caso del Parque do Pico da Neblina, tierra de los indios yanomami, el Parque do Jaú con ribereños y el Parque da Serra Divisor con siringueros.

Teniendo lo antedicho en consideración, la nueva Ley del Sistema Nacional de Unidades de Conservación (Ley N° 2.892-Art.42) sólo admite como solución en cuanto a la presencia de “poblaciones tradicionales” su remoción y reasentamiento ( a no ser que sea un caso de superposición con áreas indígenas – Art. 57). Esta “solución”, un tanto rígida, en relación al vaciamiento de las unidades de uso indirecto de sus poblaciones tradicionales en detrimento de soluciones más pragmáticas (contratos de uso, reclasificación) parece, al contrario de los objetivos que propugna, debilitar las posibilidades reales de preservación de las áreas en juego. Las experiencias de la última década en la amazonía tienden a demostrar que no existe una política de conservación realista sin que se consideren los elementos sociopolíticos y económicos de las poblaciones locales organizadas 10. De esta manera, se puede considerar que las unidades de conservación de uso indirecto de la amazonía no sólo sufren las mismas amenazas que las tierras indígenas, sino que presentan el agravante de no admitir la presencia de poblaciones cuya supervivencia depende de la sustentabilidad de su uso y que, de esa forma, sean capaces de una movilización social efectiva para defender sus límites y su integridad ambiental. La ideología intransigente de la preservación integral parece aquí reforzar la vulnerabilidad de esas áreas en nombre de un horizonte doblemente utópico que busca mantener islas de “vacío humano” en la amazonía. Utópica en función tanto de las realidades geográficas y sociales de la región como en relación con la ausencia de recursos del órgano responsable por las áreas protegidas.

El segundo contra argumento –el más frecuente- es que los indios, en función de sus nuevas aspiraciones sociales y económicas en una situación de contacto creciente pueden desarrollar –y en ciertos casos ya lo estarían haciendo- actividades económicas destructivas para el medio ambiente. A lo mencionado se le pueden esgrimir una serie de objeciones.

La primera es que, si todos los pueblos indígenas mantienen algún tipo de relación económica con el mercado, en la inmensa mayoría de los casos, estas relaciones permanecen en un espectro de bajo impacto ambiental. En la forma de intercambios/trabajos esporádicos, del sistema tradicional ayuda o de proyectos comunitarios mediados por instituciones asistenciales (Funai, misiones, ONG’s)11. Son bastante escasas en la amazonía las situaciones en que las comunidades indígenas dependen esencialmente del mercado para su consumo y supervivencia básica; como es el caso de las aldeas tikuna, confinadas en áreas indígenas reducidas y densamente pobladas, con escasos recursos naturales (todavía sometidos a la predación de invasores) y localizadas en la periferia de los centros urbanos del Solimões superior (también el caso de los munduruku de las áreas de Praia do Mangue Praia do Índio en la periferia de la ciudad de Itaituba en el estado de Pará).

Son igualmente minoritarios entre los 160 pueblos de la amazonía –a pesar de ser exhibidos regularmente y en forma destacada por los medios- los casos de grupos asociados a actividades predatorias desarrolladas en sus tierras por agentes económicos presentes en las fronteras regionales como garimperos y madereros 12. Además de lo expuesto, estas situaciones están lejos de configurar sistemas económicos colectivos e involucran, en general, a unos pocos sujetos (líderes y sus familias) como es el caso de la venta de madera entre los cinta larga (estados de Rondônia y Mato Grosso) o entre los kayapó (estado de Pará). La venta de madera, es de hecho selectiva y no involucra una explotación a gran escala y mucho menos una deforestación sistemática.
De esta forma, la escala local de actividades es totalmente incompatible con la magnitud de los emprendimientos económicos “blancos” en la amazonía y su impacto ambiental permanece relativamente marginal en función de la densidad poblacional de las tierras indígenas en juego. Esta es generalmente baja en extremo (0.02 hab./ Km²  para los cinta larga de Aripuanã, 0,09 hab./Km² para los habitantes de la tierra indígena Kayapó). Inclusive, estas actividades predatorias de segmentos en algunas sociedades indígenas pueden ser generalmente revertidas si son ofrecidas y apoyadas algunas alternativas a los modelos económicos heredados de la frontera regional. Se pueden dar en este espacio algunos ejemplos. Uno de ellos es el proyecto de manejo sustentable de madera elaborado por el ISA (Instituto Socioambiental) junto a los kayapó-xikrin (estado de Pará) o el proyecto de extracción de metales preciosos (garimpo) de bajo impacto ambiental del CTI (Centro de Trabalho Indigenista-Centro de Trabajo Indigenista) con los waiãpi (estado de Amapá), o inclusive los proyectos de cría de ganado lechero desarrollados por la ONG italiana MANITESE junto a los tembé y assurini (estado de Pará).

El tercer contra argumento -contrario a una visión de las tierras indígenas de la amazonía como áreas de preservación ambiental- se presenta, finalmente, bajo una posición según la cual el proceso de intensificación del contacto sustentaría, a largo plazo, una migración de los pueblos indígenas (o de una parte sustancial de los mismos) hacia las ciudades o capitales de la región amazónica acarreando el abandono progresivo de las áreas indígenas y trayendo formas de explotación no indígenas. En ese aspecto, los indios seguirían una tendencia general en la región que indica que el grado de urbanización en 1996 era del 61% contra el 45% en 1980 13.

La presencia indígena en las ciudades amazónicas es relativamente importante e innegable. A pesar del hecho comprobado de que su gran fluctuación torna cualquier repetición censal un hecho bastante precario en cuanto a resultados operativos. No obstante, esta presencia fue estimada en 20.075 personas en los seis estados del norte amazónico 14 en el censo del IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-Instituto Brasileño de Geografía y Estadística) de 1991, o sea, el 10,8% de la población indígena total de la región. Este fenómeno de dispersión hacia los centros urbanos se origina en varios factores, incluyendo conflictos y patrones de traslado tradicionales y no se basa solamente en la búsqueda espontánea de movilidad social (empleo, educación) y/o la inducción por agente de contacto (misioneros, indigenistas, agentes económicos regionales)15.

De hecho, el argumento de un futuro vaciamiento de las tierras indígenas por migración remite a un modelo sociológico tan inadecuado como obsoleto. Basado en una oposición caricaturesca entre indios que viven en aldeas y los que no viven en ellas y en la idea reductora del pasaje de un estado social (rural/tradicional) a otro (urbano/”culturoso”), este modelo sólo invierte, de hecho, la visión colonial y evolucionista tradicional según la cual ir de la selva a la ciudad significaba recorrer el camino de lo primitivo a lo civilizado.

La realidad sociológica y cultural actual de los pueblos indígenas tiene, obviamente, poco que ver con esta ideología “retro-evolucionista” y con su dualismo campo/ciudad. De hecho, lejos de esto, asistimos hoy en día, en varias regiones, a una cierta redistribución de los colectivos indígenas en la forma de espacios sociales transversales, verdaderas “comunidades multilocales” 16 a escala regional que articulan redes de parentesco y flujos de bienes y de personas entre varios polos situados en la selva y en las ciudades. De tal forma, esta expansión translocal de los campos sociales indígenas con sus dinámicas de movilidad interna entre aldeas y ciudades no pueden ser confundida, bajo pena de cometer un acto de ceguera conceptual, con un proceso de migración desde las aldeas hacia las ciudades.

Asociaciones indígenas y desarrollo sustentable

En el debate acerca de las potencialidades de las tierras indígenas como áreas de preservación ambiental y de desarrollo sustentable se debe, por lo tanto, evitar tanto el estereotipo de los indios ecologistas (“auténticos”) como la caricatura inversa de los indios predadores (“aculturados”) basado en la idea simplista de que el simple acceso de las sociedades indígenas al mercado transforma fatalmente a sus miembros en agentes de destrucción del medio natural.
Las formas en las sociedades indígenas cambian los usos de los recursos naturales depende, en realidad, del abanico de opciones socioeconómicas y políticas ofrecidas para su articulación con la denominada “sociedad envolvente” (en sus vertientes regionales, nacionales e internacionales). Así, la “sociedad envolvente” no se limita más para los indios a la dimensión local de interacción con los protagonistas tradicionales del frente de expansión regional (garimperos, colonos, madereros, hacendados, etc.). El universo de articulaciones de las sociedades indígenas con el “mundo de los blancos” se ha complejizado considerablemente a lo largo de las tres últimas décadas.
Durante las décadas de 1970 y de 1980, las sociedades indígenas comenzaron a conquistar un espacio en el escenario político nacional contemporáneo. En los años de 1990. Estas sociedades presenciaron la expansión de este espacio a escala mundial y su desdoblamiento en una abanico de nuevas potencialidades socioeconómicas. Los indios de la amazonía no poseen ya como única referencia económica pos contacto el modelo predatorio de la frontera local o el modelo agrícola neo colonial del indigenismo tutelas (los “Proyectos de Desarrollo Comunitario de la Funai)17. El proceso de descentralización y la creciente interconexión desde lo local hacia lo global, fuera de la mediación del Estado, colocan hoy a su alcance un complejo universo de fuentes de financiación, de recursos técnicos y de canales de decisión que van desde el municipio hasta el Banco Mundial.
Este conjunto de redes constituye el cuadro sociopolítico en el cual se desarrollan y en el cual operan las más de 240 asociaciones indígenas de la amazonía para articular sus proyectos de desarrollo social y económico. Es, por lo tanto, a partir de la intermediación que estas asociaciones garantizan entre sus poblaciones de referencia y el universo de acuerdos disponibles como serán definidas las condiciones sociales y políticas de posibilidades para la preservación ambiental y el desarrollo sustentable de las tierras indígenas amazónicas. Cuatro parámetros políticos y sociales fundamentales, externos e internos, muy probablemente  condicionarán el éxito de esta dinámica.
El primer parámetro será la posible capacidad, de estas organizaciones, de continuar movilizando las redes de apoyo y los medios a nivel nacional y, especialmente, internacional en derredor de las temáticas etnoambientales lo que permite mantener un nivel suficiente de presión sobre el Gobierno federal y cuyo propósito es inducirlo a sostener las conquistas territoriales del movimiento indígena acaecidas en los últimos veinticinco años contra los intereses económicos local y los crecientes flujos migratorios regionales.

El segundo parámetro, asociado al anterior, residirá en la eficiencia política de las asociaciones para incentivar la elaboración de políticas públicas y no gubernamentales en escala apropiada destinadas a invertir en el conocimiento de la biodiversidad y en la gestión económica sustentable de sus tierras, implicando estrechamente a sus habitantes y tomando en cuenta sus proyectos sociales específicos.
El tercer parámetro, esta vez interno, remite a la posibilidad de que las asociaciones indígenas traduzcan en autonomía política a los pueblos que se encargan de representar esta expresividad político-institucional. El desafío está en satisfacer las nuevas expectativas materiales y sociales de sus comunidades de referencia, involucrando a sus miembros en proyectos locales de explotación de recursos naturales que sean, al mismo tiempo, no predatorios y capaces de promover una cierto auto-sustentación económica de las áreas indígenas. En ese contexto no se debería dejar de lado el lugar de la diversificación complementaria de las actividades y recursos económicos extra locales (ver más arriba en el texto nuestra observación acerca del nuevo espacio translocal de las comunidades indígenas), también susceptibles de aliviar el peso de los recursos naturales de la selva en la conformación de la renta de las comunidades y, por lo tanto, contribuir en la preservación ambiental de sus áreas 18.

El último, aunque no por ello menos importante, de estos factores se refiere a la determinación y a la lucidez política que serán necesarias en las dirigencias de las asociaciones indígenas para esquivar las nuevas formas de subordinación y de clientelismo en el gerenciamiento de los nuevos proyectos socioambientales. No sólo en el contexto de las relaciones que le son impuestas por las agencias de financiamiento (o de comercialización) sino, igualmente, en el contexto de las relaciones que ellas mismas construyen con los demás miembros de sus sociedades. A ese desafío se suma la compleja tarea de administrar las formas de diferenciación social y cultural surgidas en el proceso de transformación socioeconómico inducido por estos nuevos proyectos de etnodesarrollo.

Notas

(1)Sobre la trayectoria de este movimiento desde el final de los años 1980, ver C.A. Ricardo, (1991): “¿Quién habla en nombre de los indios?” en Povos Indígenas no Brasil 1987/90. São Paulo: ISA. pp. 69-72 e 1996: “Quem fala em nome dos Índios (II) ?” in: Povos Indígenas no Brasil 1991/1995. São Paulo: ISA. pp. 90-94.

(2) Aun así, en 2000, sólo el 2% de la recaudación federal para acciones indigenistas fueron asignados a la fiscalización de tierras indígenas (Funai) y menos del 1% a las iniciativas de gestión y recuperación ambiental (vía MMA y Funai). Ver Hélcio Marcelo de Souza, 2000: "Políticas Públicas para povos indígenas: uma análise a partir do orçamento", Nota Técnica INESC n°38 (9/10/2000).

(3) Cerca del 32% del presupuesto indigenista federal (vía FUNASA-MS) fueron ubicados en 2000 en 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas-DSEI (Distritos Sanitarios Especiales Indígenas) articulados al Sistema Único de Saúde (Sistema Único de Salud) y gestionados en asociación con las organizaciones indígenas, organizaciones no gubernamentales y, sobre todo, municipalidades. Sólo el 1,4% fue destinado a la educación indígena vía Funai y MEC (en asociación con ONGs y Secretarías de Educación). (Fuente: Note Técnica INESC Nº 38 del 9/10/2000).

(4) Las acciones públicas en apoyo a las alternativas económicas indígenas (vía Funai representan apenas el 3,7% del presupuesto indigenista federal. (Fuente: ídem). <5)Programas de apoyo a las iniciativas comunitarias de desarrollo local/sustentable con acceso abierto a las organizaciones indígenas como el PAIC-Programa de Apoyo a las Iniciativas Comunitarias (estado de Rondônia) y el PADIC-Programa de Apoyo Directo a las Iniciativas Comunitarias (estado de Mato Grosso) del Banco Mundial, y los Proyectos Demostrativos/Tipo A (PD/A), integrantes del PPG7 (Programa Piloto para la Protección de las Selvas Tropicales del Brasil) financiado principalmente por los países de la Unión Europea. En el ámbito de los PD/A se está gestando, en la actualidad, un programa especializado en las comunidades y en las asociaciones indígenas, el PDPI, o sea Proyectos Demostrativos de los Pueblos Indígenas.

(6) El 43% del presupuesto federal para las acciones públicas fue empleado en 2000 únicamente para gastos en personal y el mantenimiento de la Funai-Fundación Nacional del Indio. (Fuente: INESC Nota técnica Nº 38, 9/10/2000)

(7) La continuidad de la demarcación de tierras está siendo financiada con el expresivo apoyo de la cooperación internacional a través del Proyecto de Protección de las Poblaciones y Tierras Indígenas de la Amazonía Legal (PPTAL).

(8) Ver el artículo de Villas-Bôas y M. Campanilli, 1999: “Terras indígenas protegem floresta Amazônica", Parabólicas 49.

(9) Ver G. Sales, 1996 : "O sistema nacional de unidades de conservação: o estado atual" en el documento “Presença humana em unidades de conservação”. Brasília: IPAM-ISA-PPG7-WWF-CDCMAM/CD.

(10) Ver el ejemplo de la Reserva de desarrollo sustentable de Mamirauá (D. Lima 1997: “Equidade, desenvolvimento sustentável, e preservação da biodiversidade: algumas questões sobre a parceria ecológica na Amazônia”. En: Faces do Trópico Úmido – Conceitos e questões sobre desenvolvimento e meio ambiente. E. Castro e F. Pinton (orgs.). Belém: CEJUP) o de la Reserva Extractiva del Juruá (M. Almeida, 1996: “The management of conservation areas by traditional populations: the case of the upper Juruá extractive reserve”. In: K.H. Redford et al. (orgs), Traditional peoples and biodiversity conservation in large tropical landscapes. América Verde – The Nature Conservacy).

(11) Retomamos aquí la clasificación y la discusión de D. Lima y J. Pozzobon, 1999: “Amazônia socioambiental (sustentabilidade ecológica e diversidade social)”, MS.

(12) Estos casos se desarrollaron generalmente a partir de situaciones de invasión generalizada de tierras indígenas producidas por fallas o complicidad del órgano indigenista oficial al cual los liderazgos indígenas –por ausencia de alternativas- se adaptaron en términos de una cierta realpolitik económica.

(13) Datos del IBGE.

(14) Dato calculado a partir del trabajo de M. Azevedo, 1997: "Fontes de dados sobre as populações indígenas brasileiras da Amazônia", Cadernos de Estudos Sociais 13 (1):163-178. Recife: Fundação Joaquim Nabuco.

(15) Ver, por ejemplo, la investigación de G. Brandhuber, 1999: "Why Tukanoans migrates? Some remarks on conflict on the Upper Rio Negro (Brazil)”, Journal de la Société des Américanistes 85: 261-280, o de P. Ferri, 1990: Achados ou perdidos? A imigração indígena em Boa Vista. Goiânia: MLAL.

(16) Sobre este concepto ver M. Godelier, 1996: "Anthropologie sociale et histoire locale", Gradhiva 20 :83-94 y, sobre todo, M. Sahlins, 1997: "O ‘pessimismo sentimental’ e a experiência etnográfica: por que a cultura não é um ‘objeto’ em via de extinção (parte II)", Mana 3(2) :103-150.

(17) Ver, por ejemplo, C. Junqueira, 1984: "Sociedade e cultura", Ciência e Cultura 36 (8), sobre un proyecto propuesto por la FUNAI a los Cinta Larga del Posto Serra Morena al inicio de los años 1980.

(18) En ese aspecto no se establece, necesariamente, una relación lineal entre el contacto y la degradación ambiental en las áreas indígenas (Ver R. Godoy, D. Wikie e J. Franks, 1997, "The effect of markets on neotropical deforestation: a comparative study of four Amerindian societies", Current Anthropology 38 (5): 875-878). En su reducción de la problemática de la sustentabilidad ecológica a la residencia local de las poblaciones indígenas, los proyectos de desarrollo etnoambientales tienden, generalmente, a ocultar la contribución de los fenómenos de movilidad socio-espacial y de acceso a los recursos monetarios de origen extra locales en la renta indígena (jubilaciones rurales, salarios retributivos de actividades locales o no locales así como emprendimientos económicos urbanos o de intermediación entre aldeas y ciudades). Ver sobre esta cuestión la contribución de P. Léna (IRD) ao texto do projeto de pesquisa CNPq-IRD-UFRJ (LAGET): "Globalização, movimento associativo e desenvolvimento local sustentável na Amazônia", Rio de Janeiro, Maio de 2000.