¿Quién habla en nombre de los indígenas?

Por Beto Ricardo, antropólogo, socio-fundador del Instituto Socioambiental (ISA). Artículo publicado originalmente en el libro Pueblos Indígenas en el Brasil 1991-1995 (Págs. 90 y 91)


En la década de los 80’, “los indios” fueron protagonistas de varias escenas destacables en el escenario político nacional brasileño, las cuales fueron registradas por fotógrafos y camarógrafos y ganaron los titulares de diarios y noticieros: el cacique Mario Juruna (Xavante) con su grabador, registrando las promesas de los políticos en Brasilia, el gesto dramático de Ailton (krenak) al pintar su rostro de negro durante el discurso en el plenario del Congreso Nacional Constituyente e inclusive la advertencia de Tuíra (mujer kayapó) en la ciudad de Altamira, estado de Pará, al tocar la cara de un director de la empresa Eletronorte con la lámina de su machete.

Entre tantas ocurrencias, se produjo una implicando al cacique Raoni Metuktire, de los entonces denominados Txucarramãe (Kayapó), y el ministro del Interior, Mário Andreazza, que merece ser recordada aquí con más detalles. En mayo de 1984, Raoni salió de su aldea y viajó hasta Brasilia, luego de que sus guerreros hubieran bloqueado por más de un mes la ruta BR-080 que une a las ciudades de Xavantina y Cachimbo, al norte del estado de Mato Grosso. El bloqueo se produjo porque el gobierno federal no había demarcado, conforme a lo prometido, un área agregada a su territorio en la margen derecha del río Xingú. En el gabinete del ministro y frente a la prensa, Raoni fue atendido en relación a la reivindicación de su pueblo. Selló el acuerdo dándole de regalo a Andreazza una clava (un palo más pesado en una de sus extremidades) y tirando del lóbulo de la oreja del ministro declaró: “¡acepto ser su amigo, pero usted tiene que oír al indio!”.

Pero ¿qué es esto? ¿Quién habla en nombre de “los indios”? Aparentemente simple, esa pregunta es de difícil respuesta. En el caso específico relatado, Raoni era el portador de una reivindicación local muy concreta y hablaba por su aldea con plena legitimidad, hablaba por sus guerreros que se reunieron para planear las acciones en la Casa de los Hombres, en una de las tantas aldeas del pueblo kayapó.

La agenda colocada por la sociedad nacional e internacional en los últimos años para “los indios” en el Brasil funcionó como un mecanismo de presión para la producción de una representación o representaciones de una indignidad genérica. Me refiero al siguiente conjunto de procesos y eventos: la elaboración de la Constitución Federal (1987/88), la reunión de la ONU (Naciones Unidas) sobre la ecología y el desarrollo en Río de Janeiro (1992), los festejos o anti festejos de los 500 años de la llegada de Colón a América (1992), la tramitación del Estatuto de las Sociedades Indígenas en el Congreso Nacional (1992/94), el término del plazo constitucional para la demarcación de todas las tierras indígenas (1993), la revisión de la Constitución (1993/94) y las elecciones presidenciales (1994).
En 1995, el gobierno del entonces presidente Fernando Henrique Cardoso encendió una fuerte polémica nacional e internacional con el anuncio de un nuevo decreto estableciendo reglas para la demarcación de tierras indígenas, finalmente formulado por el ministro de justicia Nelson Jobim y promulgado bajo el número 1775 al iniciarse el año 1996.

Aldeas, facciones y registros

Cuanto más se aparta del nivel local, la política indígena tiende a aparecer en los escenarios regionales, nacionales e internacionales como una acción intermitente asociada a intermediarios no indígenas quienes, a su vez, tienen un perfil institucional, objetivos y estrategias propias bastante diversas. Aún considerando el fenómeno reciente de las llamadas organizaciones indígenas “registradas en escribanías”, vale afirmar que la cuestión de la representación de los intereses indígenas en el plano que va más allá de lo local puede ser comprendida y evaluada en el Brasil solamente si se considera una sociología de los intermediarios no indígenas de todo tipo como algo que las construye y les da forma.

Especialmente luego de la promulgación de la nueva Constitución Federal de 1988, creció la formalización de diversas organizaciones indígenas, con dirigencias elegidas a través de asambleas, estatutos registrados en escribanías y cuentas bancarias propias en varias regiones de Brasil. Se trata, en rigor de verdad, de la incorporación, por algunos pueblos indígenas, de mecanismos de representación política por delegación para poder lidiar con el mundo institucional, público y privado, de la sociedad nacional e internacional y tratar reclamos territoriales (demarcación de tierras y control de recursos naturales), asistenciales (salud, educación, transporte y comunicación) y comerciales (colocación de productos en el mercado).

En su mayoría son organizaciones de carácter étnico de base local (por aldea o por comunidad), como la Associação Xavante de Pimentel Barbosa (Asociación Xavante Pimentel Barbosa), o interlocal (grupo de aldeas o comunidades), como la Aciri - Associação das Comunidades Indígenas do Rio Içana (Asociación de las Comunidades Indígenas del Río Içana), o el Conselho Geral da Tribo Ticuna-CGTT (Consejo General de la Tribu Ticuna). Surgieron también algunas organizaciones regionales como la UNI-União das Nações Indígenas do Acre (Unión de las Naciones Indígenas del Estado de Acre), el Conselho Indígena de Roraima-CIR (Consejo Indígena de Roraima), la Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro-Foirn (Federación de las Organizaciones Indígenas del Rio Negro)  y, en un ámbito mayor, la Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira-Coiab (Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña). Se verifica, también, la corta experiencia de la representación nacional de la UNI-União das Nações Indígenas o Unión de las Naciones Indígenas) que, de hecho, nunca se institucionalizó formalmente estando en curso una nueva tentativa, a través del Conselho de Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil-Capoib (Consejo de Articulación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas del Brasil). Fundado en 1992 en una asamblea de la Coiab, bajo el acompañamiento y los auspicios del Cimi (Conselho Indigenista Missionário o Consejo Indigenista Misionero) y órgano oficial de la CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil o Conferencia Nacional de los Obispos del Brasil), de la Iglesia Católica Romana, su primera Assembléia Geral (Asamblea General) se realizó apenas en 1995.

A nivel local, operan instituciones políticas tradicionales de cada pueblo, no siempre tan visibles como la Casa de los Hombres entre los kayapó o el Consejo de los Viejos en el patio de la aldea entre los xavante. Tales organizaciones tienen eficacia reguladora sobre las interferencias externas. Un ejemplo clásico es que tales formas tradicionales de organización fueron y son mecanismos internos que muchas veces resisten las imposiciones de los funcionarios de las agencias gubernamentales quienes siempre buscando un “jefe” con quien tratar los temas y terminan por nominar “capitanes” que no coinciden con las autoridades tradicionales; o el caso de los misioneros que nominan a sus interlocutores preferidos en una comunidad indígena elevándolos a la condición de pastores o catequistas, por oposición a los payés. Ambas constituyen formas de cooptar a los sujetos que las agencias de contacto establecen para “entrar” con su política en una determinada área indígena.
El caso de la UNI Nacional, que ya no existe más, ilustra las dificultades que tienen los indios al tratar de construir formas estables y permanentes de representación de intereses en el Brasil, siendo la base tan profundamente diversa y dispersa. Fundada en 1979, en un encuentro patrocinado por el gobierno estatal de Mato Grosso y sin conexión directa con las varias así llamadas Assambleias de Lideranças Indígenas (Asambleas de Liderazgos Indígenas) de la década de 1970 e incentivadas por el CIMI-Conselho Indigenista Missionário (Consejo Indigenista Misionero), la UNI desempeñó con eficacia el papel de referente simbólico de la indignidad genérica en la coyuntura de la democratización por la cual pasó la sociedad brasileña en ese período, hasta el proceso de elaboración de la nueva Constitución Federal (1986/88). Para ello se valió de un conjunto de alianzas no indígenas que incluyeron, entre otras, varias organizaciones no gubernamentales de apoyo, el propio CIMI, parlamentarios de varios partidos políticos, asociaciones profesionales como la Conage-Coordenação Nacional dos Geólogos (Coordinación Nacional de Geólogos) y la ABA-Associação Brasileira de Antropologia (Asociación Brasileña de Antropología). La “escena indígena” que se fue componiendo en Brasilia es este período contó con la presencia de representantes de casi la mitad de los pueblos indígenas del país, viabilizada por el apoyo que recibieron de sus aliados no indígenas. Sin embargo, en la comisión de punta que acompañó los momentos decisivos de las votaciones de los derechos indígenas en el Congreso Nacional había un expresivo y aguerrido grupo de kayapó, la única etnia que llegó a la capital del país con sus propios recursos, ya sea por controlar las conexiones claves con la burocracia de la Funai-Fundação Nacional do Índio (Fundación Nacional del Indio), ya sea por valerse de la venta de mogno (madera de Swietenia macrophylla) y de los impuestos cobrados a los buscadores de metales preciosos o garimpeiros que extraían el oro de sus tierras.

Los estatutos aprobados por los miembros de la primer Assambléia Geral do Capoib (Asamblea General del Capoib) en 1995, establecieron un curioso criterio de inclusión en su segundo artículo (“son miembros del Capoib las organizaciones indígenas, los pueblos y comunidades indígenas que no participen de alguna organización indígena a el afiliada en el acto de su constitución”) y una estructura institucional vertical (Asamblea General, Comisión Coordinadora y Comisión Ejecutiva).
Considerar sólo tales experiencias recientes de representación y referir su grado de reconocimiento social y el desempeño de sus dirigentes a través de indicadores cuantitativos apropiados al análisis de los mecanismos verticales de representación política en la sociedad institucional moderna –como la capacidad de movilización, el número de votos, la sintonía de las posiciones en relación a las cuestiones comunes e así sucesivamente- sería prematuro pero, sobre todo, inadecuado y empobrecedor.

En el escenario demográfico, lingüístico y espacial, caracterizado en los ítems anteriores de esta artículo, la cuestión de la representación política de los intereses indígenas en el Brasil es bastante particular si es comparada, por ejemplo, a la situación en Bolivia (57% de la población nacional es indígena), en el Perú (40%) o en el Ecuador (30%). En Brasil, la política propiamente indígena, autónoma y permanente es una realidad fundamentalmente local (de cada aldea, comunidad o familia), faccional (el caso, por ejemplo, de las aldeas en donde la organización social está basada en mitades rituales con un jefe cada una) y descentralizada (sin el reconocimiento de un centro de poder).
Reconocer y valorizar tales características en las formas indígenas de organización y representación tiene su importancia en la actualidad porque, por ejemplo, la Constitución Federal en vigor prevé consultas previas a las comunidades indígenas sobre los proyectos de explotación de recursos minerales por terceros en sus territorios. Realizar tales consultas, siempre que sea posible en el lugar y garantizando las condiciones adecuadas de expresión en la lengua nativa, aumenta la probabilidad de saber lo que realmente está pensando y queriendo un determinado pueblo indígena.