Derecho

Derecho a la tierra

La nueva Constitución innovó en todos los sentidos, estableciendo, sobre todo, que los derechos de los indígenas sobre las tierras que tradicionalmente ocupan son de naturaleza originaria. Esto significa que son anteriores a la formación del propio Estado, existiendo independientemente de cualquier reconocimiento oficial.

El texto vigente eleva también a la categoría constitucional el propio concepto  de tierras indígenas, que así se define en el parágrafo 1º del artículo 231:

“Son tierras tradicionalmente ocupadas por los indígenas aquellas por ellos abitadas en carácter permanente, las utilizadas para sus actividades productivas, las imprescindibles a la preservación de los recursos ambientales necesarios a su bienestar y las necesarias a su reproducción física y cultural, según sus usos, costumbres y tradiciones”

Por tanto son determinados elementos que definen una tierra como indígena. Presentes esos elementos, a ser definidos conforme los usos, costumbres y tradiciones indígenas, el derecho a la tierra por parte de la sociedad que la ocupa existe y se legitima independientemente de cualquier acto constitutivo. En ese sentido, la demarcación de una tierra indígena, fruto del reconocimiento hecho  por el Estado, es acto meramente declaratorio, cuyo objetivo es simplemente precisar la real extensión de la pose para garantizar la plena eficacia del dispositivo constitucional. La obligación de proteger las tierras indígenas es de la Unión.

Lo que se refiere a las Tierras Indígenas, la Constitución de 88 también establece que:

  • Se incluyen entre los bienes de la Unión (art. 20, XI);
  • Son destinadas a la pose permanente por parte de los indígenas  (art. 231, § 2);
  • Son nulos y están extinguidos todos los actos jurídicos que afecten esa pose, excepto relevante interés público de la Unión (art. 231, § 6);
  • Solamente los indígenas pueden usufructuar las riquezas del  suelo, de los ríos y de los lagos en ellas existentes (art. 231, § 2);

El aprovechamiento de los recursos hídricos, entre ellos incluidos los potenciales energéticos, la exploración y explotación minerales, sólo podrán ser materializados con la autorización del Congreso Nacional, escuchadas las comunidades afectadas, garantizándoles la participación en los resultados de la exploración (art. 231, § 3, art. 49, XVI);

Es necesaria ley ordinaria que establezca las condiciones específicas para explotación mineral y de recursos hídricos en las Tierras Indígenas (art. 176, § 1);

Está vetado remover los indígenas de sus tierras, salvo casos excepcionales y temporarios (art. 231, § 5).