Metodologías anteriores

Las metodologías en la demarcación de las Tierras Indígenas en el Brasil han sufrido varias modificaciones a lo largo de los últimos años. Vea a continuación el resumen de las metodologías de demarcación desde 1976 hasta enero de 1996, cuando la actual fue instaurada por el decreto 1.775 (vea "¿Cómo se realiza la demarcación en la actualidad?").

Decreto 76.999 del 08/01/1976

El presidente de la Funai nominaba un antropólogo y un ingeniero o agrimensor que realizaban el informe conteniendo la identificación previa de los límites del área. El informe era aprobado por el presidente de la Funai y aunque la legislación no lo explicitase este acto se sustanciaba en una resolución. En base a la misma se promovía la demarcación física del área en cuestión.

Decreto 88.118 del 23/01/1983

El equipo técnico de la Funai realizaba la identificación preliminar del área de lo que resultaba una propuesta del órgano indigenista para la conformación de un Grupo de Trabajo (GT) compuesto por diferentes ministerios y otros órganos federales o estatales si fuese apropiado. El GT emitía un parecer concluyente, encaminando el trámite hacia la decisión de los ministros del Interior y el ministro Extraordinario para Asuntos Territoriales.

Si fuese aprobado por los ministros, el proceso era llevado al presidente de la República, acompañado de la minuta del decreto que homologaría el procedimiento y describiría los límites del área indígena reconocida. La demarcación física sería entonces realizada con base en el decreto y, luego de ello, llevada al registro notarial en el SPU.

En la práctica, sin embargo, existían dos decretos presidenciales: en el primero, el presidente simplemente delimitaba el área a ser demarcada. Luego de la demarcación física, el trámite era devuelto a su área para la homologación a través de un nuevo decreto. Finalmente se promovía su correspondiente registro.

Decreto 94.945 del 23/09/1987

Se producía en este la participación de los representantes de los órganos territoriales federales y estatales, así como de otros órganos que la Funai juzgase convenientes, en los equipos técnicos del órgano indigenista, que promovía la identificación preliminar de los límites de las tierras. Si la tierras estuviesen localizadas en áreas de frontera, cabría la participación obligatoria de un representante de la Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional.

En base a los trabajos del equipo técnico, la Funai presentaba una propuesta de demarcación a un GT interministerial que daba un parecer definitorio sobre la misma sometiéndosela a los ministros del Interior y de la Reforma y del Desarrollo Agrario así como al secretario general del Consejo de Seguridad Nacional cuando se tratase de un área de frontera. En la práctica, no obstante, el Secretario del Consejo de Seguridad decidió en relación a todos los casos.

Los ministros, al ser aprobado el parecer, bajaban una resolución interministerial declarando el área como de ocupación indígena y describiendo sus límites. La demarcación física era realizada por la Funai y, en forma inmediata, el proceso era sometido a homologación por el presidente de la República. Finalmente, se otorgaba el registro de las tierras en un notariado y en el SPU.

Decreto 22 del 04/02/1991

La Funai creaba un GT de técnicos, coordinados por un antropólogo, para proceder al relevamiento preliminar de los límites de la TI en cuestión –facultada la participación del pueblo indígena interesado- y elaborar un informe caracterizando el área a ser demarcada. Una vez aprobado por el presidente de la Funai y publicado en el Diario Oficial de la Unión (DOU), el proceso era enviado al ministerio de Justicia el cual podría solicitar informaciones adicionales a los órganos públicos. Una vez aprobado, el ministro declaraba la tierra en cuestión como de propiedad indígena permanente a través de una resolución publicada en el DOU. En el caso de la no aprobación, el ministro debería reexaminar en caso en 30 días.

En esa secuencia la Funai, en base a los límites declarados en la resolución ministerial, podría proceder a la demarcación física de la tierra y, en los casos necesarios, el Incra debería reasentar a los ocupantes no indígenas. Terminada la demarcación el proceso era sometido a homologación a través del presidente de la República por medio del decreto publicado en el DOU, continuando los registros en los notariados correspondientes y en el SPU.